A estas alturas ya conocemos los resultados del pasado Jueves en Gran Bretaña. Un segundo mandato con mayoría conservadora con lo que suponemos que no habrá contrabalance ni moderación en sus políticas de austeridad, incrementando las desigualdades entre personas e imponiendo una vez más la eficiencia a la justicia.
A continuación, la segunda y última entrada sobre el caso Británico.
La optimización de los recursos no puede estar por encima de criterios de justicia social y bienestar de las personas.
Antiguos empleados de Jobcentre (oficina de empleo) en Gran Bretaña, denunciaron que las operaciones de gestión de las prestaciones económicas a las personas desempleadas, estaban guiadas totalmente por la eficiencia, animándoles a interponer sanciones a diario, en cada cita y contacto con el cliente se veía como una oportunidad para tramitar una sanción.
Un empleado John Longden denunció que las plantillas recibían órdenes por parte de los directivos de las oficinas de empleo de confundir e incomodar a los "clientes" de tal manera que cometieran alguna falta y pudieran cortarsele los pagos de la prestación de 4 semanas hasta 4 meses por aparentes incumplimientos de las normas, tales como no acudir a una cita o no traer suficientes demandas de empleo.
Los parados eran tratados de manera inapropiada con el objetivo de llegar a los niveles de eficiencia (sanciones) fijados por la dirección sin tener en cuenta la justicia o el bienestar de las personas.
La denuncia escrita de Longden se refiere a lo que él ha presenciado como empleado en las oficinas de empleo de Salford y Rochdale entre 2011 y 2013 y ha sido presentada a la comisión parlamentaria que está investigando el sistema de sanciones.
La comisión parlamentaria también recibió una denuncia escrita de otro empleado en la que acusa al Jobcenter de hacer bullying a los parados. Dice que recibía órdenes de sus jefes para que impusiera más sanciones y fue amenazado con medidas disciplinarias cuando cuestionó esta política. Ian Wight afirma que los empleados sin escrúpulos escogían a los vulnerables y débiles para imponer sanciones.
El sindicato PCS que ha declarado ante el comité y representa a las plantillas de los Jobcenter dice que al menos dos tercios de los empleados han sufrido presiones para que tramiten sanciones de manera inapropiada. La plantilla era amenazada de que sus puestos serían ocupados por otros si no hacían lo que se les decía. Se creó además, un ambiente laboral insano y falto de profesionalidad. La dirección animaba a una postura de confrontación con los clientes. Las acciones de la dirección pusieron en peligro la seguridad de la plantilla, con discusiones e incidentes que ocurrían a diario. Se tenía que llamar a seguridad frecuentemente así como a la policía.
Longden afirma que la plantilla utilizaba varios trucos para sancionar. Se fijaban objetivos irracionales de búsqueda de empleo como parte de las declaraciones que firman los parados para recibir ayudas, por ejemplo exigir un mínimo de 6 solicitudes de empleo semanales sin tener en cuenta su habilidades o su experiencia. El objetivo era encontrar una oportunidad de sancionar.
En algunas ocasiones los orientadores laborales de manera intencionada convocaban en el registro a parados, pero no les informaban de la cita, asegurándose de esa manera de que serían sancionados al no acudir. Eran obligados a presentar un número irracional de demandas de empleo, o que se referían a empleos para los que claramente no estaban preparados, o eran obligados a firmar a diario en la oficina de empleo, todo esto con la esperanza de que fallaran en alguna de estas tareas o que faltaran a alguna cita o que llegaran tarde a ella.
Lo narrado por los trabajadores, muestra de manera clara un modelo de gestión que fuerza a personas empleadas a realizar acciones ilegales e inaceptables, sancionando al menor incumplimiento (en muchos casos forzado), favoreciendo así aumentar el número de bajas en el sistema y empujando a las personas hacia situaciones de total desprotección y pobreza.
La conclusión principal es que el actual sistema de sanciones en Gran Bretaña hace más difícil la labor de dirigir a los parados de las ayudas públicas hacia el mundo laboral.
El actual sistema de sanciones, absurdo y brutal, se sostiene porque hay un cálculo político de que la población tiene unos niveles de simpatía muy altos al hecho de que desde los Jobcenter arrojen de manera arbitraria a la pobreza a las personas demandantes de ayudas, una simpatía que se deriva del éxito de la retórica del "parado gorrón".
A continuación, la segunda y última entrada sobre el caso Británico.
La optimización de los recursos no puede estar por encima de criterios de justicia social y bienestar de las personas.
Antiguos empleados de Jobcentre (oficina de empleo) en Gran Bretaña, denunciaron que las operaciones de gestión de las prestaciones económicas a las personas desempleadas, estaban guiadas totalmente por la eficiencia, animándoles a interponer sanciones a diario, en cada cita y contacto con el cliente se veía como una oportunidad para tramitar una sanción.
Un empleado John Longden denunció que las plantillas recibían órdenes por parte de los directivos de las oficinas de empleo de confundir e incomodar a los "clientes" de tal manera que cometieran alguna falta y pudieran cortarsele los pagos de la prestación de 4 semanas hasta 4 meses por aparentes incumplimientos de las normas, tales como no acudir a una cita o no traer suficientes demandas de empleo.
La denuncia escrita de Longden se refiere a lo que él ha presenciado como empleado en las oficinas de empleo de Salford y Rochdale entre 2011 y 2013 y ha sido presentada a la comisión parlamentaria que está investigando el sistema de sanciones.
La comisión parlamentaria también recibió una denuncia escrita de otro empleado en la que acusa al Jobcenter de hacer bullying a los parados. Dice que recibía órdenes de sus jefes para que impusiera más sanciones y fue amenazado con medidas disciplinarias cuando cuestionó esta política. Ian Wight afirma que los empleados sin escrúpulos escogían a los vulnerables y débiles para imponer sanciones.
El sindicato PCS que ha declarado ante el comité y representa a las plantillas de los Jobcenter dice que al menos dos tercios de los empleados han sufrido presiones para que tramiten sanciones de manera inapropiada. La plantilla era amenazada de que sus puestos serían ocupados por otros si no hacían lo que se les decía. Se creó además, un ambiente laboral insano y falto de profesionalidad. La dirección animaba a una postura de confrontación con los clientes. Las acciones de la dirección pusieron en peligro la seguridad de la plantilla, con discusiones e incidentes que ocurrían a diario. Se tenía que llamar a seguridad frecuentemente así como a la policía.
Longden afirma que la plantilla utilizaba varios trucos para sancionar. Se fijaban objetivos irracionales de búsqueda de empleo como parte de las declaraciones que firman los parados para recibir ayudas, por ejemplo exigir un mínimo de 6 solicitudes de empleo semanales sin tener en cuenta su habilidades o su experiencia. El objetivo era encontrar una oportunidad de sancionar.
En algunas ocasiones los orientadores laborales de manera intencionada convocaban en el registro a parados, pero no les informaban de la cita, asegurándose de esa manera de que serían sancionados al no acudir. Eran obligados a presentar un número irracional de demandas de empleo, o que se referían a empleos para los que claramente no estaban preparados, o eran obligados a firmar a diario en la oficina de empleo, todo esto con la esperanza de que fallaran en alguna de estas tareas o que faltaran a alguna cita o que llegaran tarde a ella.
Lo narrado por los trabajadores, muestra de manera clara un modelo de gestión que fuerza a personas empleadas a realizar acciones ilegales e inaceptables, sancionando al menor incumplimiento (en muchos casos forzado), favoreciendo así aumentar el número de bajas en el sistema y empujando a las personas hacia situaciones de total desprotección y pobreza.
La conclusión principal es que el actual sistema de sanciones en Gran Bretaña hace más difícil la labor de dirigir a los parados de las ayudas públicas hacia el mundo laboral.
El actual sistema de sanciones, absurdo y brutal, se sostiene porque hay un cálculo político de que la población tiene unos niveles de simpatía muy altos al hecho de que desde los Jobcenter arrojen de manera arbitraria a la pobreza a las personas demandantes de ayudas, una simpatía que se deriva del éxito de la retórica del "parado gorrón".
